América Latina
Las cuatro principales entidades rurales argentinas resolvieron alargar otros seis días una huelga que tenía como plazo el jueves para retomar un diálogo con el gobierno sobre los impuestos para la exportación de granos que rechazan.
Los productores también pidieron una audiencia con la presidenta Cristina Fernández.
Las exportaciones agroindustriales son la mayor fuente de divisas de Argentina, el tercer productor mundial de soja. La oleaginosa fue la más afectada por el aumento impositivo, que pasó del 35% al 45%.
Vencidos los ocho días que habían fijado para retomar las negociaciones con el gobierno, las organizaciones resolvieron "continuar las restricciones a la venta de granos al exterior" y "continuar con las movilizaciones" a la vera de las rutas en distintas localidades de todo el país, dijo Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en una conferencia de prensa.
Los productores rechazan al aumento a los derechos de exportación dispuesto en marzo, que ata el impuesto al precio de los granos en el mercado internacional.
El paro implica la suspensión de la exportación de granos y el bloqueo al paso de los camiones cargados con productos agropecuarios destinados a la venta al exterior.
Llambías aclaró que la protesta no causará desabastecimiento de alimentos --como sucedió durante una huelga anterior-- ya que se permitirá "el libre tránsito de alimentos perecederos".
"La protesta continúa porque uno puede entender que hay un mensaje de la presidenta que convoca a una concertación plural, pero también es verdad que las soluciones no están", dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, en referencia a un discurso de Fernández del miércoles en el que llamó al diálogo a todos los sectores.
CRA, FAA, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) enviaron una nota por fax a la mandataria en la solicitaron una "urgente audiencia" para "retornar un diálogo constructivo".
El gobierno y las entidades rurales negociaron en abril --cuando finalizó una huelga anterior de los agremiados-- la reapertura de las exportaciones de carne y trigo, entre otros temas, pero el gobierno no puso a discusión los derechos de exportación.
La paralización de las exportaciones agropecuarias --que representan alrededor del 40% de las ventas al exterior-- ha tenido efectos financieros: aumentó la demanda de dólares y cayeron los depósitos a plazo fijo, lo que hizo incrementar las tasas de interés. El Banco Central debió suplir con sus reservas al mercado financiero para mantener el precio del dólar minorista.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales reportaron un ingreso de 700 millones de dólares durante la última semana, un 60% menos de lo habitual, por la falta de negocios.
En marzo, los productores paralizaron durante 21 días la comercialización de todos los productos agropecuarios y realizaron 400 bloqueos de rutas en todo el país. La escasez de alimentos alcanzó a las principales ciudades.
El gobierno asegura que los impuestos a las exportaciones permiten mantener el precio de los productos agropecuarios a niveles razonables para los consumidores domésticos evitando el efecto contagio del alza de las materias primas en el mercado internacional.
Los productores sostienen, en cambio, que el nuevo esquema es confiscatorio y que favorece la concentración del negocio agropecuario en manos de unos pocos poderosos hacendados.
Terra/AP