América Latina
Tres horas después de lo previsto, la Cámara de Diputados argentina alcanzó el viernes el quórum necesario para iniciar el debate de un proyecto de ley sobre un resistido sistema de gravámenes a la exportación de granos que mantiene enfrentado al gobierno y el sector agropecuario y que le ha costado una notable la caída de su popularidad a la presidenta Cristina Fernández.
El proyecto, presentado por Fernández al Congreso hace dos semanas en un intento por destrabar el prolongado conflicto que incluyó cuatro huelgas agropecuarias que causaron desabastecimiento de alimentos y derivó en protestas callejeras y "cacerolazos", sufrió algunas modificaciones de último momento.
El oficialismo, que posee mayoría en ambas cámaras del Congreso, aceptó introducir cláusulas complementarias que amplían las compensaciones a los pequeños productores y simplifican el cobro de esos reintegros.
Sin embargo, la oposición mantuvo su reclamo de suspender la resolución del gobierno que en marzo modificó el esquema de retenciones (gravámenes) que ata el impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional y que a precios corrientes implica un alza de más del 10% en el impuesto a la venta al exterior de soya, de la que Argentina es el tercer productor mundial.
Pero las principales organizaciones rurales advirtieron que los cambios introducidos al proyecto no son más que maquillaje.
"El proyecto oficial no modifica la parte mas confiscatoria ni va a fondo con el pequeño productor... Esto retoca parcialmente pero no modifica el reclamo de 120 días" que lleva adelante el agro, dijo a periodistas el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi.
El Ejecutivo espera que la cámara baja _con mayoría oficialista_ apruebe el proyecto, que luego deberá ser ratificado por el Senado para convertirse en ley.
Pero el Partido Justicialista (peronista) _liderado por el ex presidente y esposo de la mandataria, Néstor Kirchner_ y el Frente para la Victoria, una concertación de partidos impulsada por el "kirchnerismo", habría sufrido la deserción de varios legisladores que desaprueban el proyecto por disidencias internas o ante la presión de los productores rurales de sus respectivas provincias.
El nuevo esquema impositivo se mantendrá vigente hasta que se pronuncien los legisladores.
Terra/AP